El desmontaje del marco jurídico que defiende a las mujeres de ser víctimas de femicidio, está provocando el aumento de sus asesinatos

Por: Carmen Herrera Vallejos y Agustina Cáceres

El primer semestre de 2020 tuvo un repunte en los casos de femicidios en Nicaragua. Según datos del Observatorio por la Vida de las Mujeres, entre enero y junio se contabilizan 35 femicidios, lo que equivale al 52% en relación al total en 2019, el más alto desde el 2014, cuando se registraron 75 asesinatos de mujeres.

Entre los fenómenos que pueden estar incidiendo en este flagelo están: el retorno y énfasis del discurso oficial de que el tema de la violencia de género, cuya máxima expresión es el femicidio, es un asunto de orden privado, en el que las iglesias y las instancias estatales deben influir en las familias; a la falta de políticas públicas que den respuesta a esta pandemia, cuando el gobierno y sus dirigentes callan y la Policía Nacional se refiere “a homicidios comunes o asesinatos pasionales”, para no reconocer los casos de feminicidios como tales, y por la creación de organizaciones barriales del partido oficialista Frente Sandinista que promueven el entendimiento de las parejas que viven violencia, con el objetivo de fomentar y mantener la “unidad familiar”.

Sumado a estas condiciones el efecto de la violencia política estatal que impera en el país desde abril de 2018, y recientemente la pandemia del covid 19, han influido no solo en la forma que se está manifestando el aumento de los femicidios, sino también en la política de impunidad oficializada desde los poderes del Estado.

“Desde el trabajo realizado con el Observatorio, creo que ha habido un abandono del Estado, de los medios de comunicación y de la sociedad con los problemas de violencia que viven las mujeres. Con abandono me refiero a menos atención, menor relevancia, en especial con el incremento de la crisis por covid-19, pues si se compara la cobertura de los medios y la atención que la sociedad presta a este problema con el tema de la violencia hacia las mujeres, es bastante obvio que los medios han relegado la temática y que los problemas que vivimos las mujeres no son percibidos como importantes porque además se perciben como problemas recurrentes, por no decir comunes”, expresó Alejandra Fonseca, comunicadora social y activista feminista, encargada del monitoreo de casos sobre femicidios a través del Observatorio por la Vida de las Mujeres.

La problemática de los femicidios y otros tipos de violencia contra las mujeres también fue soslayada, según Fonseca, cuando se dio la crisis política que sacudió al país en el 2018, pues “la atención estaba fijada en otros problemas y temas, y se desvió el foco. La cuestión es que a ese desvío de atención se suma el hecho de que se elige ignorar que estos problemas (crisis política/covid-19) también afectan a las mujeres de forma particular y específica, y esa combinación de abandono, ignorancia o desinterés, es lo que resulta en un incremento de los casos de violencia hacia las niñas y mujeres”.

En el período destacan casos emblemáticos sobre el aumento de asesinato a niñas, como el disparo a quemarropa y por la espalda que acabó con la vida de una niña de 13 años a manos de un guarda de seguridad de una tienda de conveniencia en una zona populosa de Managua, el pasado 7 de abril de este año. Así como el reciente hallazgo macabro de otra niña de 11 años asesinada a golpes al tratar de defenderse para no ser violada por un adolescente, en La Libertad, Chontales, el pasado 16 de junio. Ambos casos dan cuenta de la impunidad con que el Estado está abordando el problema de los femicidios que también está alcanzado a las niñas.

En un país, en donde el presidente de la república, Daniel Ortega fue acusado como violador de su hijastra, desde los 11 años, poco es lo que se puede esperar de un Estado que ha funcionado, desde sus poderes, para defender el status quo del modelo patriarcal, aun cuando, durante su administración se aprobó en el 2012, la Ley 779 contra la Violencia hacia las Mujeres y sostiene un discurso inclusivo de participación del 50% de mujeres en todos los espacios públicos.

Si la acusación al actual presidente no prosperó porque el Estado Nacional lo protegió, este hecho incide en que los criminales “ven la agresión a las mujeres como una oportunidad para llevar a cabo su agresión y salir impunes. En Nicaragua tenemos una alta tasa de impunidad porque el Estado no provee justicia, no hay confianza de la sociedad en el Estado, da la impresión que más bien el Estado recompensa a estos agresores al dejarlos impunes, y en caso de llevarlos ante la justicia igual luego los “perdona” y libera. ¿Qué mensaje se manda con esa acción? Que en Nicaragua tenés carta blanca para perpetuar tu agresión y ser recompensado por ello. Es macabro”, reflexiona Fonseca.

El desmontaje sistemático del sistema jurídico que afecta los derechos humanos de las mujeres

La Ley 779 fue aprobada en 2012 y desde su reglamentación en el 2013 sufrió reformas, de parte del Estado, que revertían jurídicamente las causas en contra de los victimarios, en su mayoría cónyuges y ex parejas.

La reglamentación de la ley fue reformada en cuanto a incluir procesos de mediación entre las víctimas y victimarios de violencia intrafamiliar.

Asimismo, desde el 2016, hicieron desaparecer las Comisarías de la Mujer, que mandataban protección a las mujeres que denunciaban vivir violencia y ordenaban el alejamiento obligatorio del victimario.

A la falta de políticas públicas que den respuesta a esta pandemia, el gobierno y sus dirigentes callan y la Policía Nacional se refiere “a homicidios comunes o asesinatos pasionales”, para no reconocer los casos de feminicidios.

Para el movimiento de mujeres la administración de Ortega, que gobierna desde hace más de 13 años, y de su esposa, la Vice presidenta, Rosario Murillo, es un gobierno que su política en la práctica es de misoginia, pues tiene un enfoque familista y religioso que refuerza la cultura machista que las mujeres organizadas han atacado durante más de tres décadas.

La actual administración ha identificado al movimiento de mujeres como uno de sus principales grupos de ataque por el ingente esfuerzo que han hecho desde hace 30 años por proteger a las mujeres de la violencia estatal.

Dentro de este contexto las posibilidades reales que tiene el movimiento amplio de mujeres de promover acciones que sirvan para revertir esta tendencia de violencia en las actuales condiciones políticas del país, se enfrenta a retos complejos cuando el partido gobernante controla todos los poderes del Estado y en el que más influye es en el Poder Judicial. Este control tuvo su máxima expresión de mensaje hacia las mujeres que viven violencia cuando recientemente puso en libertad a más de 500 acusados de violencia intrafamiliar, violación, femicidas y proxenetas, en un acto que denota y refuerza el significado que tiene para el Estado los derechos humanos más elementales para las mujeres.

“En un país donde no se destinan recursos para prevenir la violencia, en donde tenemos un Estado que complica, dificulta o niega el acceso a esos recursos, que criminaliza a las mujeres defensoras y al movimiento, y que además “premia” a los agresores con impunidad, es bastante complicado promover acciones que sean eficaces y que logren revertir la tendencia de impunidad”, opina Fonseca.

Y reitera, “en situaciones como estas, considero que lo primordial es la activación de las redes de mujeres, la práctica del autocuidado y la sororidad, la búsqueda de apoyo y ayuda entre nosotras. Claro que la lucha por hacer valer nuestros derechos y nuestra búsqueda de justicia debe seguir y deberá ser más fuerte que antes, pero si hablamos de acciones que puedan desacelerar la ola de violencia que va en aumento, es difícil hacerlo solas con un Estado ausente al que no le interesa solucionar y prevenir el problema. En lo personal, yo no soy muy positiva al respecto”, acotó.

La promoción de políticas estatales que refuerzan la impunidad para el agresor

“El primer impacto y el más notorio es el sentimiento y condición de indefensión en el que están quedando muchas mujeres, no nada más aquellas que continúan haciendo al  menos el intento por denunciar sino aquellas que buscan algún tipo de ayuda porque los recursos tanto institucionales que siempre han fallado como los sociales y familiares en estas condiciones en particular de emergencia sanitaria están desarticuladas es un tema que se está postergando mucho más de lo  que se hacía antes porque toda la atención está en el tema de la salud”, expresó Adriana Trillos, Psicóloga e investigadora feminista.

La pandemia, se ha convertido en una excusa para justificar la falta de atención y de seguimiento de los casos, lo que refuerza la situación de indefensión de las familias de las víctimas de femicidios, como las de acusaciones de violaciones y otros delitos contra las mujeres.

Adriana afirma que los casos que sí han logrado introducir al sistema judicial, también están experimentando retardación de justicia en un caso inaudito en cuanto a que les están cambiando a los funcionarios que llevan la causa hacia otros que desconocen cómo avanzan los procedimientos legales.

fotoInternaFemicidios1semestre2020

“Muchos de los funcionarios a quienes se les pasa una causa no están teniendo la información anterior al proceso y están haciendo que las mujeres vuelvan a iniciar la causa, lo que se convierte en un obstáculo y representa otro tipo de violencia, pues se puede considerar violencia el hecho de dejar en el aire un proceso que tanto cuesta iniciar, que tanto cuesta sostener”, afirma

“Desde el punto de vista psicológico esto no es solo una indefensión estructural, hace perder las energías, las esperanzas de que hay posibilidades de algún tipo de protección en medio de tanta confusión y sentimientos también de soledad que esto genera en las víctimas que buscan justicia”, analiza con preocupación Adriana.

Y puntualiza que el abandono institucional y la falta de atención termina en impunidad y que la protección a los agresores genera indefensión estructural en las víctimas de violencia.

El impacto sicológico de acusar a victimarios que son familia: otro flagelo de la violencia y la impunidad que viven las mujeres

Según la abogada, de Acción Penal, Eilyn Cruz, desde el punto de vista legal, “cuando el agresor tiene parentesco con la víctima de violencia, influye muchas veces que la víctima caiga en un proceso de retractación porque inciden los otros miembros de la familia que presionan para que un testigo no llegue a juicio y esa ausencia limita las pruebas, lo que implica que la víctima siga cayendo en el ciclo de violencia y el caso pueda llegar hasta el femicidio”.

La evidencia de que en la mayoría de los casos de agresión y femicidios los agresores son parte de la familia, penden sentimientos recurrentes de confusión para las víctimas. Para Adriana esto representa una enorme paradoja que se puede describir a partir del entendimiento de que aquello que tanto se quiere proteger es lo que más destruye dentro de la familia, “es decir muchas veces por el miedo a hablar o enfrentar también a los agresores y por el miedo de perder a esa familia, aunque tenga sus bases incluso en la violencia es que la víctima no haya cómo enfrentar una denuncia y al mismo tiempo por la carga de la propia historia que también tiene mucha violencia”.

“El miedo a perder que la familia se siga destruyendo desde adentro es una enorme paradoja, esto ha sido histórico, es algo que a pesar de todos los esfuerzos y todo el tiempo que ha pasado, no ha cambiado, pero al mismo tiempo desde el enfoque feminista lo que nos damos cuenta es de que también eso hay todo un sistema de poder que lo mantiene así, que lo mantiene intocable porque se cree que es la única opción suele estar fundamentada en una lógica de poder, de perderlo todo si no aguantas”, opina Adriana

La culpa de las víctimas de acusar a un familiar y que promueve la impunidad para el agresor, cuenta Adriana, se ha encontrado que no solo pesa lo religioso, sino que incide todo un sistema que se asegura de que eso funcione así “porque también eso garantiza la lógica de sumisión que permite mayor control sobre las poblaciones. El sostenimiento de la institución de la familia y el sostenimiento de la misma a toda costa no beneficia nada más a la familia, beneficia a todo un sistema productivo, social, institucional y mediático”.

“Si abordamos esto desde el punto de vista incluso histórico pues vamos encontrando cómo la violencia no se toca, no se cuestiona para mantener también el sistema social intacto. Cuando se hacen lecturas más finas el trabajo que se hace es con las familias para poder romper con esa cadena de silencio y rescatar aquellos vínculos que no son autodestructivos, es como una especie de reestructuración familiar y del ideal familiar para también evidenciar de que no se pierde todo y que esa es una gran estafa, una gran mentira de este sistema patriarcal y capitalista básicamente”, concluye Adriana.


Una producción de Observatorio por la Vida de las Mujeres

Managua, 2020

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