Justificar el alto índice de femicidios como un fenómeno “cultural” es quitarle la responsabilidad al Estado de hacer justicia

Por: Carmen Herrera y Agustina Cáceres

Los múltiples tipos de violencia que viven las mujeres de la Costa Caribe de Nicaragua, culminaron con siete femicidios de un total de 35 a nivel nacional, durante el primer semestre del año 2020, según el Observatorio por la Vida de las Mujeres.

La población del caribe representa sólo el 16% del total nacional, pero la violencia que les afecta no sólo es producto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino también están determinadas por las diferencias geográficas, la pobreza y la exclusión en relación al resto de la población mayoritariamente mestiza que habita en el pacífico y centro  del país. 

“La violencia de género que viven las mujeres costeñas, que conlleva a la privación de la vida pasa por otros factores, entrecruces, imperfecciones que vienen a aumentar su nivel de vulnerabilidad ante una situación de violencia, pues el  femicidio que se da en la zona responde a manifestaciones de violencias desde el poder del Estado que han sido continuas y que siguen siendo continuas a lo largo de sus vidas, como la falta de ruta de acceso a la justicia, de abandono en inversión económica, social, educación, salud para la región y de un alto grado de racismo desde la población mestiza hacia los distintos grupos étnicos que habitan en la Costa”, expresó al Observatorio por la Vida de las Mujeres, Shira Miguel, mujer, negra, costeña y feminista.

Estudios realizados sobre cómo influye la exclusión en los femicidios, dan cuenta que éste flagelo para las mujeres no se presenta en todos los estratos sociales de la misma forma. Los altos índices de prevalencia de mujeres asesinadas que registra el Observatorio por la Vida de las Mujeres, en el caso de la Costa Caribe, tiene como común denominador la procedencia de mujeres pobres y rurales en edades comprendidas entre 18 y los 30 años. 

Pareciera que pobreza y juventud son dos condicionantes de vulnerabilidad, lo que no quiere decir que mujeres mayores no sean también víctimas de ser asesinadas por su condición de género.

Justicia comunitaria vrs justicia institucional

Sumado a estos dos indicadores, en el caso de la Costa Caribe, la condición multiétnica de su población incide también como un detonante de vulnerabilidad. Las mujeres de la Costa en su inmensa mayoría viven en zonas rurales lejanas, no hablan el idioma oficial (español) y no tienen acceso a educación. 

Esta situación les limita las posibilidades de lograr articular de manera clara y concreta, las líneas de la búsqueda de justicia cuando viven violencia, que en el caso de estas poblaciones pasa y se entrelaza entre la ruta comunitaria y la ordinaria que es la legal que deben seguir con las instituciones del Estado. 

Las mujeres de la Costa han tratado por tradición de resolver los temas de violencia de género a nivel de la base comunitaria, que tiene “otras prácticas violatorias de los derechos humanos que se han adjudicado a la cultura de la Costa y que son lesivas para las mujeres como su autonomía, como el derecho que tienen para poder tomar decisiones propias”, analiza Shira. 

Esta situación se recrudece en la zona porque hay un trato homogenizado de los abordajes que se hacen de las distintas formas de violencia que afectan los derechos humanos de las mujeres, por lo que se cree que el componente colectivo, tradicional con el que se han tratado las situaciones de violencia, se han ido debilitando y las mujeres ya no encuentra justicia a ese nivel, por lo que están sujetas a resguardar su seguridad por ellas mismas y no tanto con el acompañamiento comunitario.

El sentido de pertenencia de las mujeres de la Costa a un sistema comunitario y a tener respuestas inmediatas, en donde la mediación no sea vista desde una lógica castrante o desde una lógica que juzgue a las mujeres, sino que se tome en cuenta como una respuesta de resarcimiento dentro de sus vidas, representa un reto para las feministas, que tratan de comprender y abordar estas particularidades.

“Tenemos que hacer esa acción retrospectiva para también entender si nosotros estamos teniendo una mirada realmente que coincida con la mirada de la mujer que vive a nivel comunitario o estamos imponiendo miradas desde nuestros ojos feministas hacia las mujeres, ahí es donde tenemos que hacer ese proceso de reflexión cuando hablamos de la violencia en contextos interculturales”, considera Shira.

El factor intercultural y la búsqueda de justicia

El marco legal establecido desde el Estado no toma en cuenta el factor intercultural que pesa sobre los seis grupos étnicos que conviven en la Costa Caribe Norte y Sur: mestizos, creoeles, mískitos, mayagnas, ramas y garífunas. Estas diferencias no se incluyen en el marco regulatorio para el acceso a la justicia. 

En la Costa cada grupo étnico habla una lengua distinta y las mujeres indígenas en su gran mayoría no hablan castellano y eso en cuanto a las leyes, representa una limitante sustantiva aun cuando los procesos legales son traducidos al idioma originario, pues la ley es la misma.

La Ley 779 que regula a todo el resto del país, es la misma que se aplica en la Costa, a pesar de sus particularidades. De ahí que, sea un reto para el movimiento de mujeres, de acuerdo a feministas costeñas, el hecho de colmar este vacío legal a fin de partir de estos contextos propios para construir e incidir en procesos que den respuestas adecuadas a los procesos de intervención legales, pues no bastan las traducciones que se hacen del marco legal, sino también tomar en cuenta el sistema de adecuación intercultural.

Los procesos judiciales tienen marcada su propia ruta, muy distinta a la forma inmediata con que las comunidades actúan ante los casos de violencia hacia las mujeres, lo que representa una dificultad para el acceso a una mujer que vive en zonas rurales lejanas y no cuenta con los recursos económico para hacer frente a un proceso diseñado para otro tipo de condiciones.

“El acceso a un sistema judicial ordinario legal implica para una mujer salir de su comunidad lejana, lo que la agota físicamente, sumado a esto no cuenta con los recursos económicos que se requieren para entrar en un proceso legal”, dice Shira.

Sin Comisarías de la Mujer y sin conocimiento del ciclo de la violencia

Con la reforma a la ley 779 desaparecieron las tres Comisarías de la Mujer que habían en la Costa, (en Bilwi, al norte; Bluefields al Sur y Siuna en el triángulo minero), la situación de vulnerabilidad para las mujeres se acentuó, pues estas permitían casas de albergue a las que acudían, a pesar de que eran muy pocas para la demanda y las distancias de la zona.

Aun así, en su momento de existencia, las comisarías, según el estudio Mapeo Exploratorio y Diagnóstico sobre el Abordaje del Femicidio en Nicaragua (2008), se afirma que “más de la mitad de las que acuden a las comisarías continúa siendo víctima de violencia por la falta de aplicación de medidas legales (e inclusive de protección), lo que a su vez contribuye a minar la confianza de las víctimas en el sistema. La falta de preparación del personal de las instituciones de justicia claves para atender adecuadamente este tipo de problemas, como el Ministerio Público, se convierte en un obstáculo adicional para las mujeres en el desarrollo del proceso judicial”.

La violencia que viven muchas mujeres y van dejando pasar: el primer grito, el primer golpe, y si no se denuncia en su momento tiene como consecuencia final, el femicidio, de acuerdo a análisis estudiados sobre la ruta de los asesinatos a mujeres por sus cónyuges o ex pareja, que representan la mayoría de los casos.

Otra limitante, según abogadas penalistas, la línea penal es frágil en cuanto a la persecución de los femicidas. El hecho de que muchos femicidas de mujeres en la Costa están en libertad, marca un precedente de incredulidad en la justicia de parte de las familias de mujeres asesinadas. 

Esto también genera la negatividad con que se observan los procesos judiciales, de tal forma que los agresores puedan considerar que pueden cometer delitos contra las mujeres sin que les afecte.

Violencia hacia las mujeres de la Costa y transculturización 

“Otros factores importantes que no se han visto como problemas, es el referido a cómo influye el proceso de transculturización. Preguntarse quiénes son los femicidas. Efectivamente hay miskitos que matan miskitos; o negros que matan negros, pero hay también mujeres indígenas que conviven con personas mestizas que vienen del pacífico y que ya traen ese racismo y prejuicio sobre la gente multiétnica de la Costa, eso aumenta el nivel de vulnerabilidad de las mujeres de la zona que se juntan con mestizos del pacífico”, considera Shira.

El tema del racismo, de acuerdo a esta premisa, aumenta el nivel de vulnerabilidad por creer los mestizos que la mujer de la costa tiene un sub valor y que el hecho de que se conviva con una persona del pacífico, es considerado como que ayuda a superar su condición. Mujeres costeñas coinciden que muchos del pacífico afirman “que vienen a mejorar la raza”, un pensamiento racista que denota cómo esa relación de poder también facilita la violencia.

La prevención de la violencia hacia las mujeres en la Costa Caribe pasa por entender si culturalmente las políticas públicas desde el Estado y desde las organizaciones que promueven sus derechos son las adecuadas o no para la atención de este flagelo y así dar respuestas reales a las comunidades en general y a las mujeres de la zona en particular sobre cómo revertir esta escalada de violencia que no baja, sino que aumenta.

“Cuando hablamos de violencia tenemos que hablar de esos otros elementos que vienen a aumentar el nivel de vulnerabilidad. Se trata de tomar en cuenta que no solo es el hecho de ser mujer, sino también ser indígena, de vivir en la costa, de cómo esas condicionantes aumentan los estigmas sociales y por qué no decirlo, el hecho de que el tema racial minimiza la vida de la mujer o la vida de la persona que está dentro de estos contextos culturales”, considera Shira.

En este mapa se reflejan los femicidios en la Costa Caribe de 2015 a 2020:

El reto para el movimiento de mujeres de la Costa y del nivel nacional, es poder identificar esos elementos que son intrínsecos para las mujeres pertenecientes a otros grupos étnicos de menor población. Estos elementos que hacen que una mujer costeña enfrente los mismos problemas de desigualdad con los hombres partiendo de su condición étnica, cultural, lingüística, educativa son activos dentro de sus vidas cotidianas que lesionan aún más su condición de vulnerabilidad frente a los femicidas.

El imaginario que indica que la violencia hacia las mujeres de la Costa es un asunto cultural, lesiona y justifica lo que ellas viven. “Asumir históricamente que estas prácticas culturales violentas es una verdad para las mujeres, no es justo, yo creo que hay prácticas que se han venido trayendo de otros lados y se asumen como culturales, y eso le conviene al sistema de poder, porque si la violencia es cultural, la responsabilidad es de la comunidad y no de todo un sistema operativo estructural que debe dar respuesta a las mujeres que viven violencia, desde la justicia”, finaliza Shira.

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